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La «ilegalidad» del trabajo de modelos webcam en Colombia
En términos jurídicos el modelaje webcam sufre de un fenómeno que nos afecta: es «alegal». Quiere decir que no es legal pero tampoco ilegal, está en un limbo jurídico, en una zona gris debido a que ninguna entidad colombiana le ha prestado atención para establecer las normas correctas para ejercer esta profesión en Colombia.
Al respecto, el periódico El Tiempo publica un análisis muy interesante que nos compete a todos los que trabajamos en este gremio, para defenderlo y, más importante aun, darle el lugar que merece como una labor digna y profesionalizable, libre de todo moralismo conservador. Estamos en el siglo de la era tecnológica, y la manera de trabajar a cambiado para todos.
El artículo de Linda Patiño, titulado “Eres venezolana, ¿qué esperabas?” explica Los vacíos jurídicos y los prejuicios crean el caldo de cultivo para el abuso y la discriminación:
Aunque para modelos web como Carolina, la venezolana que comparte su historia en la primera parte de este especial, su ocupación puede definirse como la de una persona que se dedica a motivar y despertar -en línea- los instintos sexuales de la gente, entender las distancias entre actriz porno, modelo webcam y prostituta no es algo simple. Y en ocasiones, incluso la ley tiene dificultades para entender las diferencias.
Surgen preguntas como, si una persona que se dedica a realizar transmisiones de sexo en línea de forma voluntaria es reconocida por las autoridades como una persona que ejerce la prostitución o si aplican sobre ellas las mismas reglas, como la de la prohibición de vivir en los establecimientos destinados a dichas actividades.
Según el activista ‘Jaimico’, de la Fundación Radio Diversia, los servicios sexuales pagados están atravesados por la inequidad de género y son invisibilizados por posturas morales y religiosas en la sociedad. “Esas confusiones generan un clima de riesgo para las personas que prestan estos servicios bien sea física o virtualmente”. Desde la prostitución hasta las líneas calientes, no hay obligaciones específicas en materia de seguridad social.
“Los pagos de seguridad social son voluntarios. Pero sabemos que aunque muchas tengan ingresos suficientes, prefieren mantenerse en el sisbén o acudir a un médico particular después de presentar algún quebranto porque no hay una mentalidad de salud preventiva”.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, en los servicios virtuales algunas mujeres se ven forzadas a recurrir a las drogas para realizar actividades dolorosas o abusivas con su propio cuerpo que de otra forma no harían.
Esas realidades se estrellan con “los estigmas sociales contra la prostitución se trasladan también a los consultorios médicos”, afirma ‘Jaimico’, quien cuenta que algunas mujeres reciben malos tratos por parte de los profesionales de la salud, quienes se niegan a atenderles bajo el argumento de “quién las manda a atentar contra su cuerpo”.
Algunas de las mujeres migrantes que llegan a la ciudad a ejercer actividades sexuales son profesionales que no han podido homologar sus títulos o conseguir oportunidades en sus campos de trabajo. En el caso de Carolina, la modelo webcam cuenta con dos títulos universitarios y sueña con desempeñarse en lo que estudió.
Ella recuerda que uno de los golpes más duros que vivió en el país fue cuando le dijeron “en la cara” que era la candidata mejor cualificada para un puesto pero que no la contrataban por ser venezolana. Otro golpe que vivió ocurrió en Medellín. “Un día me metieron con prostitutas en un camión. Yo había salido a rumbear. Asumieron que por mi nacionalidad estaba en la calle trabajando en servicios sexuales, pero en ese entonces yo trabajaba en un almacén”.
“Dejé ese trabajo porque el dueño quiso abusar de mí. Cuando fui a poner la denuncia, en el CAI, quienes me atendieron me dijeron: ‘Eres venezolana. ¿Qué esperabas?’”.
Según apunta la directora de apropiación de Red Papaz, Viviana Quintero, un gran riesgo que corren las mujeres migrantes es el miedo a denunciar. “Es muy probable que las mujeres migrantes duden en acudir a las redes de ayuda o a las líneas de denuncia por temor a ser deportadas”.
De hecho, a lo largo de este reportaje, numerosas mujeres afectadas se negaron a dar su testimonio, asegurando temer las consecuencias.
Las zonas grises
Para el Centro Cibernético Policial el tema virtual es complejo porque “no hay legislación que regule esta actividad”.
En respuestas escritas enviadas a EL TIEMPO, el Centro indica que la actividad de las modelos webcam podría tomarse como pornografía, que en sí misma no es un delito. Las autoridades expresan que la conducta, sea virtual o física, solo sería penalizada si estuviera involucrado un menor de 18 años y también dicen que “la diferencia con la prostitución (física) de manera puntual es el medio por el que se realiza. Es decir, el internet”.
En concepto de María Victoria Niño, Subsecretaria de Políticas de Igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer, al hablar de servicios sexuales pagados existen imaginarios culturales y desinformación que se convierten en obstáculos para la realización de los derechos humanos de las personas que se dedican a ello. La funcionaria asegura que desde el distrito existe una “maratón” para actualizar y formular políticas públicas, esfuerzos dentro de los cuales se incluye el tema de actividades sexuales pagadas.
“Hay dos desafíos, salud pública en los espacios y acceso a la salud, como un derecho humano básico, por parte de quienes ofrecen servicios sexuales”. Para finales de año se espera que publiquen un compes, con acciones y presupuesto asociado, que aborde la temática.
Niño considera que “al hablar de modelos webcam o ‘prostitución en línea’ hablamos de una nueva forma en la que se expresa el mismo fenómeno”. Asegura que internet es una herramienta diferente, otro método, para acceder al sexo pago.
”Creo que es una herramienta distinta para el mismo quehacer. Se trata de un servicio que tiene demandas, sea en la esquina del barrio o sea en una webcam”, asegura la funcionaria.
De acuerdo con Edward Hernández, coordinador de la estrategia Casa de Todas, la Secretaría ha adelantado desde hace dos años un directorio de todas las personas que ofertan servicios sexuales pagados en línea.
“Hasta ahora estamos identificando cuáles refieren algo similar a una agencia y quiénes lo hacen de forma individual”. Solo en el último año en Bogotá encontraron 15.000 anuncios de personas que ofertan servicios sexuales en línea.
Para Hernández, en Colombia hay muchos vacíos alrededor del fenómeno. “Desde la academia y la norma que lo regula hasta la comprensión de un fenómeno complejo que va más allá de requerir un condón o poner un establecimiento en cierta zona de la ciudad”.
En su concepto, la legislación se ha concentrado en una postura “higienista y de salud pública” y se ha desarrollado sin saber qué es o cómo funcionan los servicios sexuales pagados. “Sabemos que es una actividad legal, pero no sabemos económicamente cuánto produce, quién gana con ella… hay mucha especulación y eso hace que la regulación sea muy débil. Por ejemplo, es un oficio que lo regula el Código de Policía ¿Cuántos oficios conocemos que sean regulados así? ¿Normalmente qué es lo que regula ese código?”, cuestiona el experto.
Tanto los funcionarios de la secretaría, como el activista de Radio Diversia coinciden en que existe una deuda del debate sobre la prostitución “Hay una discusión sobre si se asume una postura laborista, como lo exhortó la corte al Congreso en 2016, que se ha quedado pendiente”, apunta Hernández.
Un punto crucial es la diferencia entre el trabajo sexual por cuenta propia y el que se realiza por cuenta ajena.
Es claro que las personas pueden decidir con su cuerpo y su sexualidad, eso incluye con quién se mantiene una relación y si cobra o paga por ello – explica el funcionario, – Pero el panorama en nuestras normas no es tan claro frente a las actividades por cuenta ajena. Cuando existe un establecimiento, ¿qué relaciones hay entre la casa o el sitio web con la persona? ¿es una relación con obligaciones laborales? ¿Es lícito contratar a un tercero para la prestación de servicios sexuales?
Según el coordinador de la iniciativa Casa de Todas, existen lugares que son espacios para servicios sexuales pagados que son como un ´hoyo negro´dentro de la regulación. Por ejemplo, las residencias o las casas particulares también son utilizadas para ofrecer actividades sexuales.
“Algunas personas alquilan apartamentos a través de aplicaciones y los utilizan como sedes casuales, por corto tiempo, pero son muy difíciles de identificar o regular. Otros alquilan cuartos como si fuera para estudiantes, pero en realidad allí se prestan los servicios”, explica.
Para ‘Jaimico’, “Colombia irrespeta la constitución sistemáticamente al anteponer la biblia, los credos y la moral religiosa por encima de la ley”. En su concepto, la legislación actual es ambigua. “La prostitución no es ni legal, ni ilegal. Eso es pésimo porque oculta crímenes, violencias esclavitud, explotación y trata”.
Según el activista en derechos humanos, durante la década de los años 90 existía la percepción de que las mujeres que ejercían actividades sexuales que llegaban a las ciudades engañadas. “Hoy día, en el barrio Santa Fe, el 80 por ciento de las mujeres que ejercen prostitución informalmente son venezolanas, ellas llegan sabiendo a qué vienen”.
Hernández aclara que quienes prestan servicios sexuales pagados, sean virtuales o no, bajo un engaño, no ejercen prostitución sino que pueden ser víctimas de trata. “Tenemos que buscar diferenciar las condiciones en las que personas migrantes están trabajando. Por ejemplo, sin importar si la persona sabe que viene a esa labor, si la mueven de una parte a otra y se han incumplido reglas frente a la autonomía o la libertad de movimiento, hay una configuración de mal trato y puede resultar en un caso de trata”.
La complejidad del fenómeno se vale de un contexto de migración, necesidad y nuevas herramientas que se atraviesan con intereses de terceros y situaciones irregulares. El activista de Radio Diversia indica que hay casos de mujeres que se sienten «agradecidas» de haber ejercido la prostitución, sin darse cuenta de la explotación a la que son sometidas.
«Una joven fue traída de Cúcuta sabiendo que iba a ejercer prostitución en Bogotá. Ella decía ‘este fue el único lugar que me dio oportunidad para enviar comida y plata a Venezuela’. Las chicas saben lo que hacen y creen que les hacen un favor de emplearlas, en malas condiciones, para sostener a sus familias», puntualiza.
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